¨Una vez que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, como castigo por su desobediencia tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida.¨ (Deuteronomio 9, 9-11)

En 1981, durante la dictadura militar se trasfirieron las escuelas públicas –hasta entonces dependientes del gobierno central– a los municipios, proceso conocido como municipalización de la educación en Chile. Bajo el principio de la descentralización como fórmula de mejoramiento de la eficiencia, y en el contexto de una reducción generalizada del aparato estatal, la educación municipalizada trasladó la gestión educativa a los gobiernos locales y estableció un sistema de subvención fija por alumno para los municipios. (Prieto, 2007).

Desde 1981 hasta el año 2022 han trascurrido más de cuarenta años, muchas políticas educativas diseñadas desde los distintos conglomerados políticos que ostentaron el poder en nuestro país han buscado profundizar y en algunos casos corregir la desigualdad estructural propia de un sistema educacional de mercado. Pero, sin lugar a dudas la subvención fija por asistencia de los alumnos (dinero asignado por demanda) ha contribuido a la segregación y desigualdad entre las distintas comunidades educativas en los diferentes espacios territoriales.
Bajo dicha lógica de subvención a la demanda las escuelas y liceos del país deben competir entre ellos por mantener y aumentar su matrícula, bajo la cual se obtienen o pierden recursos necesarios para el pago de los sueldos y la implementación de mejoras educativas. Desde el nivel central de administración educativa se ha trabajado bajo la lógica de (calidad= demanda), dificultando enormemente la diversidad de proyectos educativos propios de cada territorio debido a la inviabilidad presupuestaria de los mismos (no son económicamente financiables). (CEP, 2020)
A mediados de los años setenta, la formación de docentes y el sistema educacional chileno comienzan a experimentar reformas sustanciales que acaban con la formación de profesorado normalista y se inicia el traspaso del sistema educativo hasta ese entonces estatal, a las municipalidades. Como consecuencia de estas reformas impuestas durante la dictadura militar en Chile desde 1973 al 1990, es posible mencionar la baja sostenida en la matrícula en las carreras de pedagogía (Ávalos, 2014; Fardella y Sisto, 2015; Núñez Prieto, 2007).
Lo anterior refleja un problema base en la educación chilena que no ha sido resulto en más de 40 años. La formación de los docentes carece de una calidad garantizada por las instituciones educativas superiores, pese a la ley 20.903 promulgada el año 2016, la cual busca dar solución e intervenir en materias propias de la profesionalidad docente, las necesidades de apoyo a su desempeño y su valoración, estas últimas no se han plasmado en la realidad de los datos.
Entre los años 2011 y 2017 los estudiantes matriculados en carreras pedagógicas en el país se redujeron en algo más de un 27 %, cifra que se repite este año 2021, dando cuenta de un fenómeno que no es casual. Detrás de estos datos hay razones importantes, algunas conocidas y otras presumibles, como las bajas remuneraciones, las precarias condiciones laborales y la falta de un proceso de selección para la docencia acorde a estándares internacionales centrados en la idoneidad actitudinal e intelectual específica para las carreras de educación. (MINEDUC, 2021)


Estas cifras son las más bajas en los últimos 10 años, Independientemente de los factores, la baja de matrícula junto al déficit proyectado de docentes, llevó al Ministerio de Educación a tomar medidas urgentes.
Han sido 40 años por el desierto de la educación chilena, buscado la tierra prometida, esperado encontrar de una vez por todas aquella revelación iluminadora que permita calibrar los esfuerzos en materia de política educativa y financiamiento del sistema escolar, desde una lógica de desarrollo humano, que considere el mercado como un medio y no un fin en sí mismo.




Nelson Castañeda
Magister en desarrollo curricular y proyectos educativos.