Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el miércoles 7 de julio recién pasado– analizó el contenido del “Proyecto de Ley que modifica las Leyes Nos. 19.968 y 20.066, para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático”. Segundo informe sobre la materia que fue remitido a la Comisión Mixta del Senado el viernes 9.
“En primer lugar, no cabe sino valorar la idea de buscar mecanismos eficientes de control de la medida de prohibición de acercamiento a las víctimas de VIF con la amplitud que la actual versión del proyecto promueve, que además de hacerla extensiva en sede cautelar –y ya no sólo como control de ejecución de penas– abarca a los dos tipos de jurisdicción que conocen de este tipo de causas, tanto la penal, como la de familia”, plantea el informe.
“Tal cambio, dada su enorme trascendencia, implica un notable desafío para todos los intervinientes del sistema, que en el caso del Poder Judicial no será menor”, añade.
“En tal sentido –prosigue–, a nivel de tribunales con competencia en materia de familia, se relevan como los principales desafíos: (i) la exigencia al Consejo Técnico del Tribunal de Familia de aplicar la pauta unificada de evaluación de riesgo (ii) ejecutar las adaptaciones necesarias para incorporar las modificaciones procesales que se contemplan para decretar este tipo de supervisión, en particular: análisis de criterios y concurrencia de requisitos, consulta de factibilidad, resolución fundada, respuestas en determinados plazo y nueva audiencia de seguimiento de medidas cautelares en sede de familia; (iii) implementar un canal de coordinación entre los tribunales con competencia en materia de familia con el administrador del sistema (Gendarmería)”.