El debate de ideas es crucial en una democracia. Los ciudadanos plantean sus opiniones y las discuten en forma abierta y respetuosa. El resultado de esto es la implementación de políticas públicas de calidad, apoyadas por la mayoría de la población.
En Chile este sistema parece estar en vías de extinción. El debate respetuoso y civilizado ha sido reemplazado por la agresividad, los ataques ad hominem y la censura, donde el que golpea la mesa con más fuerza, toma la delantera.
Hace unos días fui invitada a exponer ante la Comisión de Constitución del Senado sobre el tercer retiro del 10%. Cuando llegó mi turno, fui interrumpida por el Senador Alfonso de Urresti, quien procedió a atacarme en forma personal y reiterada. En más de 40 años de experiencia profesional nunca había sido tratada de esa manera. No sé si con sus acciones el senador quiso intimidarme o censurarme. Cualquiera haya sido su motivación, su actuar no se condice con un sistema democrático respetuoso y civilizado.
¿Qué dije para desatar la furia del senador? En una entrevista apunté que durante años, y con pleno conocimiento de las causas de las bajas pensiones, el sistema político chileno había sido incapaz de hacer una reforma eficiente y moderna. Esta es una afirmación factual, históricamente correcta, imposible de contradecir, y así muchos actores de distintos ámbitos lo han reconocido.
Ni los técnicos, ni las empresas, ni las AFP, ni las organizaciones de la sociedad civil pueden legislar. Hacer leyes es prerrogativa exclusiva del parlamento y del ejecutivo, lo mismo que su presentación, discusión y aprobación con agilidad. Al no haber legislado sobre el tema, los responsables de las bajas pensiones en Chile son los políticos de todas las tendencias. Los de derecha, los de centro y los de izquierda.
¿Desde cuándo sabemos que nuestro sistema mixto de pensiones requería reformas? ¿Es una novedad o es algo que conocíamos hace años y sobre lo que no se actuó a tiempo?
En 1986, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó un libro donde ya se planteaba que las contribuciones esporádicas podían ser un problema grave en la construcción de futuras pensiones. En 1995, una nueva publicación del CEP argumentaba que las “lagunas contributivas” eran un problema. En 2008 la Comisión Marcel ratificó estas preocupaciones y, entre otras cosas, argumentó que era imperiosamente necesario incorporar a los trabajadores independientes al sistema de ahorros. En septiembre de 2015, la Comisión Bravo volvió a plantear la urgencia de una reforma que aumentara las contribuciones, revisara la edad de jubilación, redujera las lagunas, y aumentara la competencia.
Pero el sistema político volvió a hacer oídos sordos, y a postergar casi todas las medidas sugeridas por un grupo amplio de profesionales.
Ignorar las lagunas y las mayores expectativas de vida no fueron los únicos descuidos del sistema político. Además, permitió que el pilar solidario quedara atrás en relación a las necesidades de las personas. Se mantuvo un “pilar solidario” complejo y burocrático que desincentiva el ahorro, en vez de moverse hacia una Pensión Básica Universal. Ya en 2015 la Comisión Bravo había sugerido aumentar la cobertura solidaria al 80% de la población, simplificando los papeleos.
Ignorar la responsabilidad del sistema político ante la crisis de pensiones es ignorar la historia del país, y en nada ayuda a solucionar nuestros problemas.

Alejandra Cox,
Presidenta AAFP