Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Escuela de Derecho, UNAB Sede Viña del Mar.


El año 2024 no fue un año fácil para el gobierno de Gabriel Boric. Entre las diversas dificultades que enfrentó, las esquirlas del Caso Fundaciones continuaron generando daños significativos. Este caso desdijo el discurso de superioridad moral que el Frente Amplio —hogar político del Presidente y su círculo cercano— había enarbolado como una de sus principales banderas. El golpe no solo afectó la imagen del gobierno, sino que también puso en evidencia una grieta entre el discurso y la práctica.
Sin embargo, el mayor problema político que debió enfrentar La Moneda en 2024 fue el caso Monsalve. Más allá de la arista penal del caso —donde afortunadamente las instituciones parecen estar actuando a la altura de las exigencias y la gravedad del asunto—, la conducción política del gobierno no solo fue deficiente, sino que también ignoró principios básicos de una administración que se autodenomina feminista.
En efecto, la prensa reveló que Gabriel Boric y su equipo de asesores, al enterarse de la denuncia por violación en contra del entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, optaron por no apartarlo inmediatamente de sus funciones. Por el contrario, se le permitió continuar ejerciendo el cargo, defendiendo incluso el presupuesto 2025 de seguridad pública ante el Parlamento, y se le otorgó tiempo para “arreglar sus temas personales”. Esta decisión contradijo abiertamente los estándares esperados de un gobierno que ha proclamado con fuerza su compromiso con la causa feminista.
Particularmente llamativa fue la reacción de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien en lugar de condenar el descriterio del Presidente, trató desesperadamente de justificarlo. Llegó a declarar que “no se estaba despidiendo a un portero, sino a una alta autoridad”, una afirmación que no hizo más que profundizar la percepción de incoherencia dentro del gobierno.
La forma en que el Ejecutivo manejó este caso expone una aberrante contradicción entre el discurso y los hechos. Es difícil no imaginar una reacción muy distinta del Frente Amplio y sus aliados del Partido Comunista si estos hechos hubiesen ocurrido durante la administración anterior. Probablemente Boric, Orellana y las autoridades que hoy gobiernan habrían sido implacables en su crítica (y por cierto, con justa razón), pero como este escándalo los afectó a ellos, la respuesta fue la justificación y la complacencia.
En resumen, el caso Monsalve deja en evidencia que, para este gobierno, la causa feminista parece ser más un slogan que una convicción. La utilización de esta bandera como herramienta política —dejándola de lado cuando no resulta utilitaria a sus intereses— pone en jaque la credibilidad de un proyecto que se anunció como transformador en materia de género. Al final, el 2024 quedará marcado como el año en que las contradicciones del gobierno de Boric se hicieron insostenibles, dejando una lección amarga sobre los límites entre el discurso y la práctica, no solo de las autoridades que habitan el ejecutivo sino de muchas personas y agrupaciones que abrazan y defienden causas nobles muchas veces condicionadas por su ideología.