La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó y despachó a Sala el proyecto de reforma constitucional que establece la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos, para quienes hayan cometido delitos contra la probidad.
En su idea matriz, busca configurar una regla que tipifique la causal de inhabilidad para la adscripción a un cargo o función pública y de cesación en el ejercicio de funciones públicas.
Lo anterior, respecto de condenados por delitos que atenten contra la probidad administrativa, en sus distintas proyecciones, en el ámbito de la imparcialidad en el ejercicio de la función pública; así como aquellos que afectan los aspectos patrimoniales de la función.
En específico, el texto remitido a Sala establece que las personas condenadas, por sentencia firme, respecto de delitos contra la probidad, estarán inhabilitados para postular o desempeñar un cargo o función pública. La norma aplica aunque el cargo sea de elección popular.
Cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada.
Finalmente, los afectados con la aplicación de esta sanción, salvo que la inhabilidad sea a perpetuidad, podrán solicitar al Senado su rehabilitación, una vez transcurridos 15 años.