El pasado 3 de mayo entró en vigencia el "Reglamento sobre Análisis de Solvencia Económica e Información a los Consumidores", cuyo propósito es promover un sistema de crédito sostenible y responsable, evitando el sobreendeudamiento de las y los consumidores.
Este Reglamento se origina tras las modificaciones introducidas al artículo 17 N de la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, que plantea que antes de la celebración de una operación de crédito de dinero, los proveedores deberán analizar la solvencia económica del consumidor para poder cumplir las obligaciones que de ella se originen.
Bajo este nuevo marco, cualquier entidad que ofrezca créditos deberá realizar un análisis detallado de la capacidad de pago de los solicitantes antes de aprobar cualquier operación de crédito, y deberá informar el resultado de dicho análisis, con la aceptación o rechazo de la operación de crédito de dinero. Esto significa que los proveedores tendrán que basarse en datos concretos y actuales, obtenidos de fuentes oficiales, para tomar decisiones informadas.
El objetivo es que mediante este proceso se evalúe la capacidad del/la consumidor/a para cumplir, en tiempo y forma, con las obligaciones financieras que va a asumir, evitando su sobreendeudamiento y contribuyendo a reducir el riesgo de que incurra en morosidad o insolvencia.
El reglamento también pone un fuerte énfasis en la recolección y tratamiento de datos personales y en la no discriminación arbitraria. Respecto a este último punto, prohíbe prácticas que podrían considerarse discriminatorias en la evaluación de las solicitudes de crédito.