Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de Derecho, UNAB Sede Viña del Mar.


En el marco de la contingencia judicial y política chilena, el principio de presunción de inocencia ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate público. Este principio, que se ha ido consolidando a lo largo de los siglos y se ha terminado por convertir en una de las grandes conquistas civilizatorias modernas, representa uno de los fundamentos esenciales del Estado de Derecho. Desde el derecho romano, donde Ulpiano advertía sobre los riesgos de condenar por sospechas, pasando por la Escuela de Salamanca con Domingo de Soto y sus reflexiones sobre el derecho y la justicia en 1556, hasta Cesare Beccaria en el siglo XVIII, la evolución de este principio ha tenido como eje central la protección a los ciudadanos frente a la arbitrariedad y la injusticia.

El significado esencial del principio de presunción de inocencia radica en que nadie puede ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario mediante un juicio justo, basado en pruebas claras y suficientes y a través de una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada. Este derecho no solo protege al acusado, sino que refuerza la credibilidad y legitimidad del sistema judicial, previniendo abusos de poder y garantizando la imparcialidad. Este principio no es solo una regla jurídica, sino una manifestación de respeto por la dignidad humana.

Sin embargo, en el contexto actual, y si bien es el Estado y sus jueces quienes pueden vulnerar jurídicamente este principio, ciertos sectores políticos y movimientos sociales han comenzado a erosionar este pilar fundamental en función de sus legítimas aspiraciones en el contexto social afectando gravemente la honra de las personas con todas las consecuencias que de ello se deriva. Por ejemplo, en algunos movimientos feministas, se ha observado una creciente tendencia a deslegitimar la presunción de inocencia frente a denuncias de agresiones sexuales, privilegiando de manera automática la credibilidad absoluta de quien denuncia. Aunque estas posturas responden a una historia de desigualdades estructurales y a la necesidad de proteger a las víctimas, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre estas justas demandas y el respeto por las garantías individuales de las personas acusadas.

La anulación del principio de presunción de inocencia es peligrosa por varias razones. En primer lugar, socava la confianza en el sistema judicial al permitir decisiones apresuradas e influenciadas por juicios mediáticos o presiones políticas. En segundo lugar, genera un precedente alarmante que puede ser utilizado para justificar persecuciones arbitrarias en otros contextos. Por último, pone en riesgo a las propias causas que buscan reivindicar, ya que decisiones injustas o precipitadas tienden a generar un rechazo social que debilita la legitimidad de sus luchas.

En un Estado de Derecho, la justicia no puede ser sacrificada en aras de ninguna causa, por noble que sea. Al contrario, solo garantizando el respeto irrestricto a los principios fundamentales, como la presunción de inocencia, se logra una sociedad verdaderamente justa, en la que todos, sin excepción, sean tratados con equidad. En este delicado equilibrio, reside unos de los grandes retos de nuestras modernas sociedades marcadas a fuego por las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (uso de deepfakes para difamar y acusar) y por una nueva forma de interacción donde las redes sociales se han impuesto como una de las principales formas de comunicación e información.