El impacto que tiene la solicitud de quiebra de la empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela en diversos proyectos y obras adjudicadas a la compañía en diversas regiones del país, fue analizado en la Comisión de Obras Públicas del Senado junto al ministro de esa cartera, Juan Carlos García.

Si bien estaban invitados a la sesión los representantes de la empresa, estos se excusaron y remitieron un dossier a los parlamentarios.

La idea de este encuentro fue analizar la situación jurídica y la ejecución de las obras que quedaron abandonadas y que en algunos casos son estratégicas para las regiones en las que están emplazadas.

En tal sentido, se explicó que la constructora tiene un total de 18 contratos con la cartera, 10 de los cuales están sin terminar (de un universo de 1.400 contratos) y se señaló que el monto de la deuda que tiene el MOP ante la compañía, asciende a 7.230 millones de pesos, pago que no se pudo concretar porque la empresa no presentó las garantías necesarias.


Sobre el futuro de las obras que se verán perjudicadas por la solicitud de quiebra, presentó un cronograma ajustado para retomarlas y señaló que hay recursos necesarios para enfrentar el pago a los trabajadores.

En tal sentido, los senadores plantearon la necesidad de generar las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores no se vean perjudicados y evitar las judicializaciones.