La Comisión de Educación de la Cámara Baja despachó a la Sala un proyecto que mejora la fiscalización y procedimientos en materia de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior.
En los procedimientos sancionatorios, quienes figuren como víctimas, tendrán acceso a todos los antecedentes del procedimiento. Podrán solicitarlos directamente a la Superintendencia, la que deberá entregarlos en un plazo de diez días hábiles, desde la realización de la solicitud.
Acogida a tramitación la denuncia y notificada la institución o una vez sancionada o absuelta, no se podrá tomar ningún tipo de represalia en contra del denunciante.
La instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario de la Superintendencia. Recibirá el nombre de instructor y se iniciará con una formulación precisa de los cargos. Se notificarán al presunto infractor a través del correo electrónico que tenga registrado el ente fiscalizador con comprobación de la recepción.
Cuando los hechos que dan origen a un procedimiento sean también de conocimiento de un proceso judicial, la Superintendencia deberá remitir los antecedentes al tribunal respectivo. Esto cuando lo solicite la parte interesada o de oficio, en un plazo de cinco días hábiles. Si la denuncia se realizó bajo reserva, se mantendrá en dicha calidad por el tribunal del proceso