Jorge Guzmán Zepeda
Diputado Región del Maule

La ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende han incurrido en un ilícito constitucional al celebrar un contrato con el Estado, eludiendo la prohibición explícita establecida en los artículos 37 bis y 60 de la Constitución Política de la República. Su negligencia al incumplir un precepto claro las hace responsables de las consecuencias de sus actos, que deben culminar en la cesación del cargo que representan, tal como lo establece la propia Constitución.
A pesar del consenso generalizado sobre la ilegalidad de su accionar y sus consecuencias, el Congreso parece anticipar de manera sesgada el resultado de las acciones impulsadas ante el Tribunal Constitucional. Algunos afirman que el resultado será un rechazo, sustentado en alguna "leguleyada" diseñada para proteger a figuras claves del Partido Socialista, como la nieta e hija del ex presidente Allende. La composición política del tribunal, inclinada hacia el oficialismo, refuerza esta percepción, generando casi certeza sobre el desenlace.
Por otro lado, el Comité de Ministros ha emitido nuevamente un pronunciamiento en contra del proyecto minero portuario Dominga, desobedeciendo un fallo ya existente del Tribunal Ambiental. Esta actuación del Poder Ejecutivo revela un comportamiento inconstitucional e ilegal ya que ignora un dictamen judicial por razones político-ideológicas, en lugar de actuar basado en criterios legales y técnicos.
Ambos casos evidencian la falta de objetividad, independencia y transparencia en nuestras instituciones, mostrando cómo la consistencia y solidez de nuestra democracia se ven permanentemente erosionadas por la mala política y el debilitamiento institucional.
A pesar de estos alarmantes precedentes, elijo creer y confiar en que aún existen instituciones y personas dispuestas a defender los valores y principios que sustentan el Estado de derecho y promueven el progreso de nuestro país. Espero, por el bien de Chile, no equivocarme.