La Comisión de Gobierno Interior inició la discusión de cuatro proyectos de ley en materia de regulación de recursos públicos asignados a fundaciones y organizaciones no gubernamentales; y del deber de informar respecto del financiamiento y aportes recibidos de parte de privados.

Los proyectos buscan establecer la obligación de información respecto de las transferencias de organismos del Estado, a fundaciones sin fines de lucro reguladas por la ley 20.500.

Además, proponen una modernización de la legislación existente que fija requisitos que deben cumplir las organizaciones privadas que reciben financiamiento público. Asimismo, buscan establecer requisitos específicos para sus socios, elementos de acción pública, publicidad de sus actos, entre otros.
Junto con ello, incorporan obligaciones para las personas jurídicas a fin de garantizar el buen uso y destino de los recursos públicos que perciban. La idea es establecer nuevos estándares de transparencia y de información pública. Además de disponer de sanciones ante el incumplimiento de estas nuevas exigencias.
Se busca establecer que el registro nacional de personalidad jurídica sin fines de lucro sea de total dominio y acceso público. Además, que las organizaciones y fundaciones tengan una antigüedad de 2 años para recibir fondos públicos y transparenten su trabajo a través de sus plataformas.