La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de diputadas y diputados, aprobó y despachó a la Sala el proyecto que modifica la Ley que Regula los Servicios Sanitarios Rurales. Su objetivo es prorrogar los plazos establecidos en la norma sobre el inicio de la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a los operadores.
La moción recuerda que, durante noviembre de 2020, entró en vigencia la ley de servicios sanitarios rurales. Fue en un contexto adverso, marcado por la pandemia. La norma buscaba establecer un marco jurídico e institucional en la provisión de agua potable rural (APR). Igualmente, respecto de la recolección y tratamiento de las aguas servidas.
Sin embargo, las restricciones sanitarias y medidas de confinamiento del momento limitaron severamente el funcionamiento de comités y cooperativas, encargados de administrar estos servicios sanitarios. Por esta razón, en 2021, la Ley 21.401 extendió el plazo para la inscripción en el Registro de Operadores, a noviembre de 2024. Este registro se concibió para garantizar la transparencia y trazabilidad en la prestación de los servicios sanitarios rurales.
Del mismo modo, prorrogó la constitución del Consejo Consultivo. Dicho órgano es clave para la orientación y supervisión de la implementación de la norma que regula los servicios.