La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 143 votos a favor y 0 en contra, las modificaciones a la ley N° 21.325 relativa al mecanismo que permite dar inicio al procedimiento sancionatorio de expulsión administrativa. Ahora pasa a la comisión de Gobierno Interior para su discusión en particular por haber sido objeto de indicaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 132 de la ley N° 21.325, el actual procedimiento sancionatorio de expulsión de un ciudadano extranjero siempre se iniciará mediante la notificación personal del acto administrativo por la Policía de Investigaciones de Chile, informando la causal de expulsión invocada.
Lo anterior, obliga a la autoridad policial a ubicar al extranjero para notificarlo. Luego, la autoridad migratoria debe esperar el transcurso del plazo de 10 días para que el extranjero efectúe sus descargos y, finalmente, ponderar las consideraciones del artículo 129 de la ley N° 21.325 de Migración y Extranjería para determinar si se aplicará la medida de expulsión.
La propuesta de cambio legislativo busca establecer mecanismos que permitan lograr un trámite expedito de la expulsión administrativa, cumpliendo con la protección del derecho al debido proceso por medio de una modificación al artículo 132 de la ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.