En forma unánime aprobó la Cámara Baja una resolución en la cual se solicita al Presidente de la República una política pública que subsidie el arriendo para las víctimas de violencia intrafamiliar, ya sea física o psicológica grave. Esta conducta deberá ser debidamente acreditada. El propósito es evitar nuevos hechos de violencia que puedan ser irreversibles.

Si bien la resolución no especifica el género de las víctimas de este tipo de violencia, no desconoce que gran parte de los sujetos pasivos de estos actos son mujeres.
Añade que gran parte de ellas no denuncian por miedo a perder una estabilidad económica relativa. Igualmente, por poca certeza sobre las medidas que los tribunales de Familia, Garantía o Juicio Oral en lo Penal puedan adoptar para evitar hechos futuros de violencia. O, bien, por la falta de políticas públicas efectivas que reporten un beneficio tangible a las víctimas de violencia.
En ese plano, apunta a que una denuncia no solo culmine con acreditar actos susceptibles de reproches penales. También, con la obtención de beneficios extras a las víctimas. Ello, para incentivarlas a denunciar vulneraciones físicas o psicológicas.