En condiciones de pasar a la Sala quedó un proyecto despachado por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados. Su objetivo es optimizar la transparencia procedimental en votaciones populares.
Para ello, modifica el DFL 2, de 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
En concreto, establece la obligación de que, en el último informe de resultados preliminares entregado por el Servicio Electoral, éste publique y permita el acceso de todas las personas a las copias digitalizadas. Lo mismo respecto de las escaneadas de las actas de escrutinios de cada mesa receptora de sufragios, incorporadas al sistema computacional.
En sus fundamentos, la iniciativa señala que las elecciones en Chile se caracterizan por contar con un marco procedimental para el desarrollo de votaciones populares riguroso y eficiente. Este cumple con los estándares internacionales que permiten calificarlo como un sistema confiable y robusto en su institucionalidad.
Sin embargo, plantea que, entre los procedimientos que pueden ser perfectibles, está el que dice relación con el escrutinio donde se ordena al Servicio Electoral que disponga de una persona encargada de recibir y transcribir a formato digital las actas de cada local de votación, sin normarse los criterios o requisitos específicos que guíen su selección.