La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó, a segundo trámite, el proyecto de reforma constitucional que establece la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos, para quienes hayan cometido delitos contra la probidad.
Las y los parlamentarios se pronunciaron respecto del segundo informe de la iniciativa, aprobada en su idea de legislar en noviembre pasado.
De tal forma, la norma aprobada indica que estará inhabilitado para postular o desempeñar un cargo o función pública, sea o no de elección popular, quien hubiere sido condenado por sentencia firme respecto de delitos contra la probidad.
Cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada. Para estos efectos, se consideran delitos contra la probidad, la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho.
La norma establece que los afectados con la aplicación de esta sanción, salvo que la inhabilidad sea a perpetuidad, podrán solicitar al Senado su rehabilitación, una vez transcurridos 15 años.