Eximir del IVA a los servicios de agua potable rural – conocidos como APR-, es el objetivo del proyecto que la Sala de la Cámara respaldó durante esta jornada, por 143 votos afirmativos.
El proyecto del Ejecutivo (boletín 15901) recoge una inquietud que plantearon 57 diputadas y diputados al Gobierno. Las y los representantes, agrupados en la Bancada del Campo, buscaban disminuir los costos de acceso al agua potable rural y beneficiar a las más de dos mil APR en el país, constituidas a través de comités o cooperativas.
Para acceder a esta exención del IVA, los operadores de servicios sanitarios rurales deberán estar inscritos o incorporados en el Registro ad hoc, al último día del mes anterior a que comiencen a prestar estos servicios.
En el caso de los operadores que ya se encuentren prestando dichos servicios se les aplicará este tratamiento tributario desde el mes siguiente a aquel en que se incorporen al Registro. Tampoco se encontrarán gravados con IVA los servicios sanitarios rurales prestados entre operadores o asociaciones de operadores, siempre que estos respondan exclusivamente a garantizar la continuidad del servicio.