La Sala de la Cámara aprobó en general, y por unanimidad, el proyecto de reforma constitucional que establece la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad.
En su idea matriz, la norma busca configurar una regla que tipifique la causal de inhabilidad para la adscripción a un cargo o función pública y de cesación en el ejercicio de funciones públicas.
Lo anterior, respecto de condenados por delitos que atenten contra la probidad administrativa, en sus distintas proyecciones, en el ámbito de la imparcialidad en el ejercicio de la función pública; así como aquellos que afectan los aspectos patrimoniales de la función. En específico, el texto que volverá a comisión por ser objeto de indicaciones, establece que las personas condenadas, por sentencia firme, respecto de delitos contra la probidad, estarán inhabilitados para postular o desempeñar un cargo o función pública. La norma aplica aunque el cargo sea de elección popular.
Para tales efectos, se considerarán delitos contra la probidad la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho.