La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara se convocó para conocer la fiscalización que ha ejercido la Contraloría General de la República respecto de las transferencias de recursos vía trato directo que han efectuado las municipalidades. Asimismo, buscó tener antecedentes sobre las medidas que se han adoptado para precaver y, cuando corresponda, sancionar, prácticas irregulares en la materia.
Para este análisis, el grupo parlamentario contó con la presencia del contralor Jorge Bermúdez. En su exposición consideró que el Estado tiene muchos recursos que no sabe cómo gastar.
En dicho plano, estimó que la situación no debiera generar sorpresa. “Es un típico caso de mutación de una enfermedad llamada corrupción”, remarcó. Luego, agregó que, en esta materia, se encontró una nueva forma de desviación de recursos: el sistema de transferencias.
Respecto a cifras, indicó que, en la Ley de Presupuestos de 2023, se contemplan 1,4 billones de pesos en transferencias a privados. En el caso de los gobiernos regionales, las transferencias han aumentado en 216.220 millones, es decir, un 45,5%.