Hasta el próximo 18 de enero de 2024 se fijó como plazo para realizar indicaciones al proyecto que obliga a las concesionarias del servicio telefónico a individualizar a los asociados en la modalidad de prepago.



Ello, luego que la Sala del Senado aprobara en general dicha iniciativa que cumple su segundo trámite y que tuvo su origen en una moción de diputados.



En la ocasión se indicó que con el uso de la telefonía de prepago se han detectado tres tipos de ilícitos de mayor frecuencia, puesto que el anonimato de los números de prepago es la principal herramienta para delinquir, ya sea mediante estafas telefónicas que ocurren desde distintos lugares y no sólo desde el territorio nacional, o bien, llamadas inoficiosas que saturan los servicios de emergencia o la coordinación de actividades delictivas desde los recintos penitenciarios o desde el exterior.


Por tanto, es necesario que existan mecanismos de bloqueo para los números asociados a esos equipos y se aplique la prevención con barreras de entrada significativamente mayores.






Diversos senadores y senadoras hicieron presente que, en la actualidad, no existen barreras de entrada a los servicios telefónicos de prepago, lo que ha permitido su masificación. Aseguraron que tampoco se firma un contrato de prestación de servicios, ni se requiere una identificación del adquirente.



En esa línea, valoraron que el proyecto establezca la posibilidad de que dichos equipos sean bloqueados y los números asociados que no se hayan registrado en los plazos fijados por la ley, permitiendo siempre al usuario afectado solicitar la rehabilitación del servicio una vez realizada la inscripción de los datos solicitados.