Un cruce de posiciones se produjo en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos durante el debate que se desarrolló por la acción de protección a las prestaciones sociales contempladas en el Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales del anteproyecto.
La sesión inició su debate con el artículo 26 inciso 2 de la propuesta de la Comisión Experta, el cual contempla que al tratarse de los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, los que por «causa de actos u omisiones ilegales sufran privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de prestaciones legales o discriminación en el acceso a las mismas, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho”.
Además, los consejeros y consejeras se refirieron a los artículos 30, 31, 32, 33, 43, 35, 36 y 37 sobre los estados de excepción. La derecha recalcó –a través de sus enmiendas- que el Estado “no ha tenido la capacidad de restablecer el orden público y la paz en las zonas que actualmente están afectadas con actos de violencia”, asegurando que esta medida se transformó “en una norma y que -en definitiva- no resguarda del todo los derechos de las personas”.