Dr. Víctor Yáñez Pereira
Vicedecano de la Fac. Cs. Sociales y Humanidades
Director Carrera de Trabajo Social
Universidad Autónoma de Chile – Sede Talca

En los tiempos que corren, las formas de convivencia social se ven amenazadas por una constante tensión, agresividad y violencia, que no pueden atribuirse únicamente a los efectos de la pandemia COVID-19. Por ejemplo, la emergencia del estallido social fue una mezcla de malestar, agresividad y furia ciudadana, tras la exigibilidad de derechos por lo que se denunciaba era la desigualdad estructural del país.
Según la Global Pax Index, en el 2018 Chile era el país menos violento de Latinoamérica. Sin embargo, las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito muestran que desde 2022 han aumentado en un 46,1% las situaciones de delito en todas las regiones del país, no sólo por delincuencia común, sino por daño a la vida, al patrimonio y al espacio público, unido a una ascendente conflictividad social que incrementa la inseguridad y deteriora la salud mental.
Diariamente, medios de comunicación y redes sociales dan a conocer actos de violencia, robos, asaltos, violaciones, parricidios, femicidios, suicidios, portonazos, funas, acoso escolar, etc. La preocupación por la violencia se inscribe en la vida cotidiana como una lucha contra “Mefistófeles”. Se reclama por mayor dotación policial en las calles, las casas están cada vez más blindadas con rejas, cámaras, alarmas y cercos electrificados; las salidas al parque son más sigilosas e, incluso, dejar a los niños al cuidado de terceros trae consigo estrés, por aludir a algunos escenarios.
Se genera y reproduce un agotamiento en la convivencia, frustración permanente, sensación de desprotección y mayor vulnerabilidad humana, por un constante estado de amenaza, miedo e incertidumbre existencial. Nos volvemos menos tolerantes, más desconfiados y vehementes, como señaló un estudio de la Universidad de Hong – Kong en el año 2020; se centra la mirada en las formas individuales de creer y necesitar.
Pareciéramos olvidar que los otros y las otras son nuestros semejantes. Vivir y convivir exige aprender a compartir y comprometernos con ellos y ellas. Conlleva un sentido de pertenencia a una variedad de vínculos, no sólo primarios. Por tanto, personas, familias, vecindarios, instituciones, organizaciones y hasta el Estado como totalidad, han de cultivar una convivencia respetuosa y pacífica, tras la toma de conciencia de que formamos parte de una cultura y sociedad, donde hemos de reconocer a los demás, sus identidades y visones de mundo, sin prejuicios ni discriminaciones, valorando positivamente la diversidad. Es un llamado a recuperar la capacidad de comprendernos, aceptarnos y hacernos corresponsables de nuestros comportamientos y acciones en la vida privada y colectiva, fomentando relaciones armoniosas y cuestionando expresiones de violencia social.