La primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de amparo interpuesto por el abogado Claudio Córdova, defensor penal público de Molina, en favor de seis personas de nacionalidad venezolana y un ciudadano ecuatoriano, quienes fueron detenidos el pasado 11 de abril por el presunto delito de falsificación de instrumento público mientras trabajaban en faenas de construcción.
Con votos favorables de la ministra presidenta, Blanca Rojas, y de la abogada integrante Daniela Jarufe, y el voto en contra del ministro Gerardo Bernales, el tribunal de alzada argumentó que “el sólo hecho de no contar con RUN provisorio no autoriza a decretar la medida excepcional contemplada en el artículo 132 del Código Procesal Penal, por cuanto la razón aludida para el aumento del plazo de ampliación de la detención no es un fin del procedimiento penal ni afecta el éxito de la investigación, la seguridad de la sociedad ni de víctima alguna, máxime si los amparados contaban con su identificaciones de sus países de origen, las que contaban con su fotografía y huella dactilar”.
El fallo complementó que, “en este escenario, la ampliación del plazo de detención de los amparados se torna en arbitraria e ilegal”, por lo que se dictaminó la libertad inmediata de los siete ciudadanos extranjeros.
Previamente, el Tribunal de Garantía de Molina declaró legal la detención de los afectados y acogió la solicitud de la Fiscalía deampliar la detención de los imputados, en razón de que carecían de RUT provisorio en el territorio nacional, por lo que programó la formalización de la investigación para el pasado sábado 15 de abril.