La Corte Suprema resolvió que el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh) deberá entregar la documentación relacionada con la ejecución de los recursos que le fueron transferidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) para realizar programas de participación ciudadana de la Convención Constitucional. Dicha transferencia de recursos se materializó a través de la suscripción de un convenio entre ambas instituciones el 29 de diciembre de 2021.
La resolución se produce luego de que en noviembre de 2022 el Consejo para la Transparencia (CPLT) solicitara al CUECh acceso a la información señalada y este se negara a entregársela, argumentando que el CPLT carecía de competencias para ello y que la Ley de Transparencia no era aplicable a dicho consorcio. Asimismo, y en lugar de responder, la agrupación universitaria interpuso una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se declarara que el CPLT había actuado fuera de sus competencias y, en definitiva, se impidiera la entrega de los antecedentes requeridos. El tribunal, sin embargo, desestimó la acción, confirmando la competencia del CPLT.