Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 17 de mayo recién pasado– analizó el contenido del proyecto de ley que concede un indulto general por razones humanitarias a imputados y/o condenados por delitos cometidos en el marco del denominado “estallido social”. Informe que fue remitido a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado ayer, martes 18 de mayo.
“En síntesis, el proyecto en estudio propone la extinción de la responsabilidad penal de personas imputadas o condenadas por la comisión de determinados delitos, durante un tiempo también predefinido y en determinadas circunstancias, a través de una causal de perdón o gracia, en este caso denominada indulto general”, plantea el informe.
Para el pleno de ministros: “El proyecto legal no es claro en cuanto a expresar la competencia del tribunal, la forma en la que se dará curso a la solicitud ni quién tendrá la iniciativa para hacerlo, tanto respecto de las/os condenados/as, pero especialmente en el caso de las personas imputadas por los delitos que menciona, circunstancia relevante por cuanto la decisión que se adopte debe encajar en el diseño de competencias y los principios que rigen el actual proceso penal”.
“Finalmente, se observa que el proyecto que se denomina ‘indulto general’ no coincide con lo que la doctrina ha considerado históricamente como tal, sino más bien como lo que corresponde a una ley de amnistía, que en todo caso se trata de potestades cuya naturaleza se vincula a otros poderes del Estado, fundadas principalmente en consideraciones de política criminal, por lo cual no correspondería a la Corte Suprema pronunciarse en relación a su mérito y procedencia”.