Un análisis de las acciones penales en las que se invocó la Ley de Seguridad del Estado en querellas presentadas ante tribunales de justicia entre 2019 y 2022 realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), permitió establecer que, fue en el período de las manifestaciones en el marco del estallido social que el Ejecutivo hizo uso más intensivo de esta herramienta, empleada, entre otras instituciones, por el Ministerio del Interior para enfrentar, entre otros delitos, la grave afectación del orden público.
También el CPLT evidenció que, en la mayoría de los casos –se analizaron 781 querellas de este tipo- éstos terminaron sobreseídos por un tribunal de manera definitiva. Lo anterior, principalmente, porque se cerraron sin identificarse los responsables por falta de antecedentes, o porque no se logró el delito o la participación de una determinada persona en dicha acción.
El CPLT estableció además que de las causas analizadas, sólo 42 de ellas en los cuatro años contemplados, no siguieron investigándose bajo esta figura, lo que equivale a un 5% del total.
Acorde al análisis del Consejo, se estableció además que en 374 causas revisadas hubo desestimiento, sobreseimiento, suspensión, decisión de no perseverar o archivo provisional, lo que equivale a un 48% del universo total.