La atención a pacientes postrados es un tema que suele quedar relegado en las discusiones sobre políticas públicas de Salud. Es claro que se incluye muchas veces en programas de Gobierno, pero también es claro que en el camino va perdiendo fuerza llegando en ocasiones a hacerse invisible con el correr de los meses.
Como contraparte, el esfuerzo de familiares y cuidadores es inmenso, y muchas veces se encuentran solos en esta batalla. A pesar de que algunos gobiernos han implementado programas de ayuda, la realidad es que los fondos y recursos destinados a estos pacientes siguen siendo insuficientes.
Según datos del Ministerio de Salud, la cantidad de personas que requieren cuidados prolongados en el hogar ha aumentado en los últimos años. Enfermedades crónicas, accidentes cerebrovasculares y condiciones degenerativas han generado un incremento en la demanda de servicios de atención domiciliaria. No obstante, muchas familias deben costear de su propio bolsillo insumos como camas especiales, colchones antiescaras y enfermeros particulares, lo que representa un gasto inalcanzable para algunos.
Las familias se organizan como pueden. Redes de apoyo en barrios, rifas y donaciones se convierten en la única vía para sobrellevar muchas veces los gastos. Algunos recurren a organizaciones no gubernamentales que tratan de suplir las falencias del sistema público.
Pese a los anuncios de inversión para programas de asistencia domiciliaria, un cúmulo de informes y justificaciones legales y técnicas, la conclusión sigue siendo la misma: “No basta con aumentar el presupuesto si no hay una ejecución eficiente".
En algunas regiones, programas piloto han demostrado que un seguimiento integral, con visitas periódicas de profesionales de la salud y el suministro adecuado de insumos, reduce significativamente el riesgo de complicaciones y mejora la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores.
La esperanza radica en que, en un futuro cercano, la inversión en la salud de pacientes postrados se convierta en una prioridad y no en una lucha solitaria; algo que está en manos del ente regulador estatal para la asignación de recursos y que debe traducirse necesariamente en la toma de decisiones concretas para que los fondos puedan traducirse definitivamente en políticas de Salud que lleguen a quienes realmente lo necesitan.