Rectora Marisol Durán Santis


Cada 25 de noviembre es una fecha que nos recuerda la importancia de no bajar los brazos en torno a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas para el bien de todas las sociedades, así lo estableció la Organización de Naciones Unidas hace ya 24 años.
En la actualidad, si bien hemos dado pasos concretos en avanzar en la erradicación de la violencia, sigue estando presente en nuestra cotidianidad y el contexto actual nos muestra un panorama desafiante. La violencia contra las mujeres continúe siendo una realidad dolorosa, tanto es así que aún vemos casos de extrema violencia en los titulares de los medios de prensa, desigualdad en los espacios de trabajo y múltiples manifestaciones de violencia digital que afectan especialmente a jóvenes. Por eso es importante recordar que la manifestación de la violencia tiene distintas expresiones: física, psicológica, sexual, económica y simbólica.
En esta línea, el próximo 2025 se conmemorará el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing para poner fin a la violencia contra las mujeres, y a pesar de ello y de ser adoptada por 189 países, según datos de ONU Mujeres, al menos una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia de género. Recordar cifras negativas puede desmotivarnos y dejarnos con desazón, ya que el problema de la violencia contra las mujeres es definido por la OMS como una pandemia mundial.
El efecto buscado con las fechas conmemorativas es generar visibilidad de aquellas problemáticas que afectan persistentemente a la sociedad de manera que la ciudadanía se sensibilice y adopte conductas preventivas y se avance en la profundización de las políticas en la materia, así como también del cambio cultural que se requiere para avanzar.
En nuestro país, la dictación de la Ley 21369 del año 2021 marca un hito importante en materia de regulación frente a hechos constitutivos de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en las instituciones de educación superior. Esta iniciativa es reconocida en otros países por su innovación. Asimismo, en lo que respecta a la regulación de las instituciones de educación superior en materia de acreditación, los nuevos criterios y estándares de acreditación del año 2022 consideran los desafíos vinculados la gestión de la convivencia, equidad de género, respeto a la diversidad e inclusión.
A pesar de la existencia de este marco normativo, debemos estar en permanente atención a los cambios sociales, culturales y políticos del contexto y al acelerado desarrollo científico y tecnológico que poco tiempo de adecuación nos permite. En todo ello, la mirada de género es fundamental, pues nos proporciona una visión de justicia, de igualdad y de no discriminación respecto del anhelado progreso.
Detener la violencia contra las mujeres puede tardar décadas si no hacemos de esta problemática una preocupación que nos incumbe a todos los sectores de la sociedad. Se trata de un esfuerzo mancomunado cuyos resultados más profundos son de largo plazo pues implican cambios culturales encaminados a desnaturalizar la violencia, los estereotipos y las estructuras jerárquicas de poder.
Para una igualdad de género sustantiva se necesita trabajar desde la primera infancia. Ello implica, necesariamente, una estrategia que movilice a los hombres a modificar las estructuras de las relaciones entre géneros y la concepción de la masculinidad hegemónica. Las mujeres por sí solas no podemos generar los profundos cambios sociales que se requieren.
En esta línea, las universidades igualmente son fundamentales. La incorporación de las mujeres en el mundo del desarrollo académico, científico, del desarrollo y promoción del conocimiento en general, es muy importante para la construcción de una sociedad más igualitaria que vaya aislando la posibilidad del ejercicio de la violencia.
La visión de muchas de nosotras en los diversos espacios del quehacer social es indispensable para avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible. El detener esta participación o limitarla abrirá un campo para la mantención y proliferación de la violencia contra mujeres y niñas.
Por eso, junto a las rectoras del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), somos unas convencidas en seguir avanzando y promoviendo que en las instituciones del Estado existan mecanismos de participación efectiva de más mujeres, en todas las áreas de nuestro quehacer, tanto en los espacios de liderazgo y decisionales como en la docencia, la investigación, innovación y creación. Es fundamental en esta línea que no retroceda la política pública sino que se profundice con mayor gasto público y con más definiciones estratégicas en la materia.