La diputada (IND-RN) por el Maule Sur, Paula Labra, le exigió al Gobierno poner urgencia al proyecto de ley de su autoría, entre otras mociones, para acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales. “Necesitamos ponerle freno a la corrupción, comenzando con la Gobernadora del Maule, Cristina Bravo”, comentó la parlamentaria.
Su justificación, según explicó, se basa en que “el 4 de julio oficié a la Contraloría, para que se pronunciara sobre una serie de irregularidades en el convenio ‘Juntos y Juntas Nos Sentimos Más Seguros’, suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y la Fundación Urbanismo Social. Estas irregularidades terminaron siendo confirmadas por el Contralor, Jorge Bermúdez, y dentro de las más graves, está el hecho que Contraloría constató que el Gobierno Regional del Maule fue el único de los investigados en el cual hubo tráfico de influencias”.
En concreto, la diputada Labra argumentó que el tráfico de influencias “quedó establecido producto de que contraloría confirmó que el convenio se supeditó en su ejecución, a que la fundación Urbanismo Social contratara a personas vinculadas políticamente con la Gobernadora”. Por otro lado, la diputada sostuvo que “se acreditó que la descripción del convenio no tiene ningún tipo de detalle técnico, mostrando, en general, solo costos globales, que no justifican los montos finales ($264 millones) que se transfirieron”.
Respecto de la necesidad de acusar constitucionalmente a la Gobernadora, Cristina Bravo, Labra agregó que “en virtud de la constatación del tráfico de influencias, sabemos que contraloría está llevando a cabo un sumario en la Gobernación para perseguir las responsabilidades administrativas y fiscalía está haciendo lo propio con las responsabilidades penales. No obstante, las responsabilidades políticas hasta aquí están sin ser determinadas. En el caso del Maule hay evidencia suficiente y no podemos permitir que los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos sean dirigidos al bolsillo de unos pocos”.