Durante la discusión del presupuesto 2024, la diputada IND-RN, Paula Labra, se acercó personalmente hasta el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para hacerle entrega de su proyecto que busca posibilitar que los gobernadores regionales puedan ser acusados constitucionalmente. Al mismo tiempo, la parlamentaria solicitó que se le pueda dar urgencia en su discusión legislativa.
“Necesitamos ponerle freno a la corrupción, comenzando con la Gobernadora del Maule, Cristina Bravo”, comentó la diputada. Esto, a partir del contundente informe emitido por Contraloría en el marco del denominado “Caso Convenios”, en el cual se estableció la existencia de una serie de irregularidades en diversos gobiernos regionales, siendo el caso del Maule uno de los más bullados, ya que junto con determinar que hubo tráfico de influencias, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
“Contraloría confirmó que el convenio entre el Gobierno Regional del Maule y la Fundación Urbanismo Social, se supeditó en su ejecución, a que la fundación contratara a personas vinculadas políticamente con la Gobernadora”, señaló Labra, al tiempo en que agregó que “La reciente renuncia del Jefe de la División de Fomento e Industria del GORE, Mario Ramírez, no es suficiente”, ya que a su juicio “la Gobernadora Cristina Bravo es la máxima responsable política en este escándalo”.
Por otro lado, la parlamentaria sostuvo que “se acreditó que la descripción del convenio no tiene ningún tipo de detalle técnico, mostrando, en general, solo costos globales, que no justifican los montos finales ($264 millones) que se transfirieron”.