Como un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado y el financiamiento ilegal de defensas penales calificó el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, la aprobación en la Cámara del proyecto de ley que obliga a acreditar el origen lícito de los honorarios pagados a abogados defensores en causas vinculadas a tráfico de drogas, terrorismo y corrupción, entre otros delitos graves. La iniciativa fue despachada al Senado con el respaldo unánime de los diputados.
El proyecto, impulsado por un grupo transversal de parlamentarios, entre ellos Benavente, establece que los pagos a abogados no podrán realizarse en efectivo, debiendo concretarse mediante medios que aseguren la trazabilidad, tales como cheques, vale vista, tarjetas de pago o transferencias electrónicas.
“Estamos cerrando una vía que durante años fue aprovechada por redes criminales para lavar dinero bajo la apariencia de gastos legales. Este proyecto garantiza transparencia, refuerza la probidad y fortalece el Estado de Derecho”, afirmó el parlamentario gremialista, quien ha trabajado activamente en la tramitación de la iniciativa.
El texto legal también incorpora la obligación de los abogados de justificar los pagos recibidos al momento de concluir, renunciar o abandonar una defensa, y establece sanciones que pueden incluir la suspensión del ejercicio profesional por hasta un año en caso de incumplimiento. La normativa no aplica a abogados de la Defensoría Penal Pública.
Además, se incorpora una reforma a la ley que regula a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), facultando al organismo para informar estos pagos cuando corresponda, y extiende la exigencia de trazabilidad a otras concesiones judiciales, como la libertad bajo fianza.
“El Estado no puede ser cómplice de quienes financian sus defensas con dinero sucio. Este proyecto es una señal firme de que estamos combatiendo con decisión al crimen organizado”, concluyó el diputado Gustavo Benavente.