-Ricardo Ruiz de Viñaspre explica los principales puntos de la reforma, como también el rol de las empresas administradoras.
La reforma de pensiones, liderada por el Gobierno y el Congreso, está en plena tramitación y se espera que sea despachada el próximo lunes. El director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis Terrae explica a “El Heraldo” los principales puntos de esta política, y el rol de las administradoras de fondos de pensiones.
Según explicó el académico, actualmente, los trabajadores con contrato destinan el 10% de su sueldo bruto al ahorro para su pensión. La propuesta del gobierno es un incremento del 8,5%, con cargo al empleador, que se divide de la siguiente forma: 4,5% se destina al ahorro individual; 1,5% es un “préstamo” al Estado, que se destinará a mejorar las pensiones actuales de las personas sobre 82 años, y que se devolverá al cotizante cuándo éste jubile, con intereses; y 2,5%, que se destinará al seguro de invalidez; equiparar el diferencial de cotizaciones entre hombres y mujeres; y entregar un beneficio por años cotizados. El incremento de cotizaciones se realizará de manera gradual, en nueve años.
Este fin de semana, el Congreso eliminó el sistema de multifondos (que van del A al E), que serán reemplazados por los fondos generacionales, es decir, cada tramo va a ser asignado a un fondo. Los mayores serán destinados a los de menor riesgo, pero de menor renta, para evitar los vaivenes del mercado cuando se está próximo a la jubilación.
A juicio del director Ruiz de Viñaspre, “esta reforma llega tarde, porque hace mucho tiempo que Chile tiene información de que la pensión es baja porque existe informalidad laboral, es decir, cerca un 27% no cotiza mensualmente o hay períodos de cesantía, que producen lagunas; y también porque el porcentaje de ahorro, del 10% nos quedó chico. Además es razonable subir la edad de jubilación, porque si vivimos más deberíamos trabajar más para financiar más años de retiro”, afirmó.
El académico destacó que las AFP continúan como entes administradoras de los fondos de pensiones, a pesar de que la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, ha señalado que era partidaria del fin de este sistema. Sin embargo, la reforma establece modificaciones destinadas a la licitación de los ahorrantes. Por una parte, habrá una licitación de nuevos cotizantes (trabajadores de hasta dos años de antigüedad), de modo que tendrán que cotizar en la compañía que se gane el concurso, y otro tanto con antiguos ahorrantes, quienes pueden ser cambiados de compañía, que ofrezca menor comisión, salvo que el trabajador diga lo contrario.
“Esto sirve para que las AFP compitan de mejor manera, bajen las comisiones (que es el monto que cobra la empresa por la administración de los ahorros) y eso va a repercutir positivamente en el sueldo líquido de los trabajadores”, indicó Ruiz de Viñaspre.
MALA FAMA DE LAS AFP
Un tema en el debate, y que ha afectado a las administradoras de fondos de pensiones, es su “mala fama” o baja reputación a raíz de las bajas pensiones que estarían entregando. Este es el análisis del director de Ingeniería Comercial: “Muchas personas las critican por las bajas pensiones que otorgan, pero eso es por falta de ahorro. Si alguien cotizó por 10 años, por ejemplo, ese ahorro no va a ser suficiente para vivir 25 años más después de los 60 o 65 años. Así, creo que también es importante que existan otras fórmulas de ahorro”.
Ruiz de Viñaspre planteó otras fórmulas de ahorro: “Por ejemplo, hoy ahorramos a través del sueldo, también podríamos hacerlo por medio del consumo. Es decir, que un porcentaje del IVA que se aplica cuando hoy compramos, vaya a mi cuenta individual. También es importante mencionar que las AFP en general tienen rentabilidad positiva, pero si se quieren instrumentos de mayor rentabilidad, estos son más riesgosos. En esta línea, hay que destacar que las AFP no se mandan solas, ya que la Superintendencia de AFP supervisa lo que hacen las compañías. Hoy las AFP son una empresa privada que puede hacer solo lo que el Estado le permite hacer, ya que las regula y las sanciona”.
A juicio del académico, un tema urgente es una reforma al mercado laboral, que incentive la formalización de los trabajadores, a fin de que haya un mayor ahorro para las pensiones. Si se mantiene el actual porcentaje de informalidad, “puede ser una bomba de tiempo que estalle en 30 años más, cuando estas personas se jubilen y se encuentren con que no tienen ahorros o que son muy bajos para financiar una pensión”.