Cuatro fueron los proyectos de acuerdos aprobados por el Senado, por medio de los cuales se solicita adoptar las medidas necesarias para hacer frente a diferentes necesidades de la educación especial, principalmente, en orden a resguardar los derechos de los alumnos; modificar normas de subvención escolar y matrícula; solucionar diversas situaciones que afectan a las escuelas; y modificar normas sobre fiscalización y sanción aplicables a estos establecimientos.
Así, se pidió al presidente de la República que presente un proyecto de ley para el establecimiento de una ley general de educación especial, que resguarde los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales y sus respectivas comunidades escolares, estableciendo asimismo normas especiales respecto de los inmuebles donde funcionan dichas comunidades educativas, excluyéndolos de las exigencias impuestas por la Ley de Inclusión Escolar.
Otro acuerdo aprobado requiere que el presidente de la República presente una iniciativa de ley que modifique las normas de subvención escolar y de matrícula para establecimientos de educación especial.

(VA CON FOTO EDUCACIÓN)




CPLT INICIA INVESTIGACIONES SUMARIAS EN CONTRA DEL SERVIU Y SEREMI DE VIVIENDA.

Una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) evidenció una serie de infracciones en materia de normas de transparencia activa asociadas al acceso a información sobre convenios en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Ñuble, por lo que su consejo directivo ordenó instruir investigaciones sumarias en ambas instituciones del Estado. Cabe recordar que la ley indica que el incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se podrá sancionar con una multa que va desde el 20% al 50% de las remuneraciones del infractor. En el caso de estos organismos públicos, el CPLT detectó problemas para acceder a documentos que por exigencia de la Ley de Transparencia deben estar disponibles vía web; en particular, actas y resoluciones con efectos sobre terceras personas, asociados a convenios suscritos por las mencionadas instituciones de 2022 como de 2023.
El proceso impulsado por el Consejo a partir de denuncias realizadas ante dicho órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de la norma de acceso a la información-, evidenció incumplimientos en el Serviu de Ñuble en cuanto a que enlaces de convenios no estaban operativos. En tanto, en la Seremi de Vivienda de la misma región se requiere de usuario y contraseña para acceder a los documentos públicos.