Cuatro fueron los proyectos de acuerdos aprobados por el Senado, por medio de los cuales se solicita adoptar las medidas necesarias para hacer frente a diferentes necesidades de la educación especial, principalmente, en orden a resguardar los derechos de los alumnos; modificar normas de subvención escolar y matrícula; solucionar diversas situaciones que afectan a las escuelas; y modificar normas sobre fiscalización y sanción aplicables a estos establecimientos.





Así, se pidió al presidente de la República que presente un proyecto de ley para el establecimiento de una ley general de educación especial, que resguarde los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales y sus respectivas comunidades escolares, estableciendo asimismo normas especiales respecto de los inmuebles donde funcionan dichas comunidades educativas, excluyéndolos de las exigencias impuestas por la Ley de Inclusión Escolar.



Esto, explican porque los marcos normativos establecidos por decretos, no logran dar sustentabilidad en el tiempo a este sector educativo, por lo cual se hace imprescindible la implementación de una Ley General de Educación Especial, que resguarde los derechos de los alumnos especiales y sus respectivas comunidades educativas.



Agregan que las escuelas especiales no pueden contar con la misma matrícula que una escuela de enseñanza regular, ya que, en esta última, los establecimientos pueden albergar hasta 45 alumnos por sala, mientras que en las de enseñanza especial, solo a 15 alumnos. Esto hace que la garantía estatal de CORFO que ofrece la Ley de Inclusión, a las escuelas especiales, corresponda en la práctica a un tercio que en la educación regular.



En consecuencia –prosiguen- el monto que podría financiarse con la garantía de CORFO resulta insuficiente para financiar las deudas que actualmente se tienen con la banca, razón por la cual se hace imposible para estas escuelas cumplir con dicha exigencia legal.