Felipe Vergara Maldonado
Analista político
Universidad Andrés Bello

Hace ya varios años y gobiernos que las acusaciones constitucionales en Chile se han farandulizado. Hemos visto pasar jueces y ministros de distintos gobiernos por el Congreso, incriminados de situaciones en varios casos tremendamente irrisorias que, según quienes las impulsan, constituirían motivos para la destitución correspondiente; sin embargo, en la mayoría de los casos, estas denuncias no han demostrado tener fundamentos para llevarse a cabo. Aún más, en algunas acusaciones constitucionales que han concluido con la destitución, como es el caso de los exministros de Educación, Yasna Provoste y Harald Beyer, la historia ha demostrado que no tenían las responsabilidades por las cuales fueron acusados, sino que fueron simplemente maniobras para remover a las autoridades del momento.
Todo esto ha provocado que la acusación constitucional ya no sea una herramienta efectiva para evaluar malas prácticas, conductas indebidas o abandono de deberes, sino que se ha convertido en un medio para condenar a una persona o a un gobierno, más allá de su gestión; proliferando con ello las acusaciones constitucionales, casi como hitos de captura mediática.
Durante la presidencia de Sebastián Piñera hubo varias acusaciones, incluso una contra él mismo; en el actual gobierno de Gabriel Boric, quienes hoy son oposición han utilizado estas acusaciones de manera más bien como una devuelta de mano a lo vivido siendo oficialistas. Muchas de ellas carecen de argumentos sólidos e incluso algunas ni siquiera superan la primera instancia debido a la debilidad en que se sustenta. Sin embargo, recientemente hemos visto una excepción, como el caso de la ministra Vivanco, apoyada transversalmente y cuyo notable abandono de deberes estaba profusamente demostrado. En cambio, las acusaciones contra la ministra del Interior Carolina Tohá y los ministros de la Corte Suprema Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz -este último destituido por el Senado-, era bastante claro que no contaban con los argumentos necesarios para sustentar una acusación constitucional.
Frente a ello, es urgente que empecemos a abordar este tema con mayor seriedad y responsabilidad. La acusación constitucional no debe ser utilizada como una herramienta revanchista, ni como una estrategia para debilitar a un gobierno o cobrar venganza por fallos judiciales que no les son afines. Es una herramienta consagrada en la Constitución que debe acreditar y demostrar el abandono de deberes por parte de la autoridad en cuestión, lo que lamentablemente no sucede en la mayoría de los casos.
Esto no sólo afecta nuestra imagen país nacional e internacionalmente, sino que también perjudica la labor parlamentaria; en las últimas semanas, el Congreso ha estado casi exclusivamente dedicado a resolver acusaciones constitucionales, postergando proyectos relevantes para el país. Esta situación no es nueva; se viene dando tanto en los gobiernos de Bachelet, Piñera y ahora Boric.
Es momento de que el Congreso reconsidere con la seriedad que merece, la función y relevancia que tiene una acusación constitucional, ocupándola para los hechos que realmente lo ameritan y para ello, basarse en argumentos serios y demostrables.