Por 129 votos afirmativos y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 1014. En ella se plantea que, en virtud de los compromisos adquiridos por el Estado respecto de los beneficios económicos que les corresponden a los asistentes de la educación, en el traslado a los servicios locales de educación pública (SLEP), se tomen las medidas para dar cumplimiento a su pago.
El texto recuerda que los citados servicios son una parte esencial del sistema educativo. Estos se centran en la gestión y administración de la educación a nivel local. Su relevancia radica en la descentralización y adaptación de políticas educativas a las necesidades específicas de cada comunidad.
En este contexto de mejoramiento en la educación, se estima que los asistentes de la educación han visto mermado su derecho que nace desde la creación del Estatuto de los Asistentes de Educación, hoy vigente, y que reglamenta en todas las formas las relaciones laborales y educacionales de este escalafón educativo.
Pese a lo anterior, se acusa que el Estado no ha cumplido con el compromiso del pago de los beneficios que tal reglamentación considera.