Durante el próximo mes de enero, las empresas privadas con 100 o más trabajadores(as) deberán rendir cuentas ante la Dirección del Trabajo respecto al cumplimiento de la Ley N°21.015, que exige la contratación de al menos un 1% de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Asimismo, deberán informar sobre las políticas de inclusión aplicadas, como lo estipula la Ley N°21.275, que regula la figura del Gestor(a) de Inclusión.

El cumplimiento de esta normativa no solo evita sanciones económicas y administrativas, sino que refuerza el compromiso de las empresas con una sociedad más justa y equitativa. Para aquellas que no logren cumplir con la cuota de inclusión, existen medidas subsidiarias, como donaciones a programas de empleabilidad para personas con discapacidad.

Fundación Ronda es una de las organizaciones que destaca en este ámbito con su Programa de Formación e Inclusión Sociolaboral, diseñado con enfoque de género y descentralización. Este programa ya ha transformado vidas. “El apoyo de Ronda durante el proceso fue clave para encontrar un trabajo adecuado”, destaca Yessica Igor, participante del programa. Iniciativas como esta representan una oportunidad para generar impacto social y cumplir con la normativa.