Mg. Honoria Fernández Pino
Docente Carrera de Enfermería
Universidad Autónoma de Chile - Talca


La vida universitaria es una etapa de transformación, descubrimiento y crecimiento personal. Para muchos estudiantes, puede ser emocionante y desafiante al mismo tiempo, representa la oportunidad de desarrollar su identidad profesional y social.

Sin embargo, no todos enfrentan este proceso en igualdad de condiciones. La inclusión en el ámbito universitario sigue siendo un desafío que exige atención y compromiso por parte de las instituciones y la sociedad en general.

Hablar de inclusión en la universidad implica reconocer la diversidad en todas sus formas: desde estudiantes con discapacidades hasta aquellos de comunidades marginadas, pasando por minorías étnicas, personas LGBTQ+ y estudiantes de distintas realidades socioeconómicas. Aunque en los últimos años se han dado avances significativos, todavía hay barreras que dificultan la plena participación de todos en la educación superior.

La Ley 21091, Sobre Educación Superior (2018) define que las instituciones universitarias deben velar por la inclusión y garantizar la eliminación y prohibición de todas las formas de discriminación arbitraria. Asimismo, deben regirse y promover el respeto por los derechos humanos, tanto en sus propuestas formativas como en las relaciones de aprendizaje. Se señala que el acoso sexual, así como la discriminación arbitraria, atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas (Art. 2).

Uno de los principales retos es la accesibilidad, que no solo se trata de adaptar la infraestructura física para personas con movilidad reducida, sino de garantizar que los contenidos académicos sean accesibles para todos. Esto incluye el uso de herramientas tecnológicas para estudiantes con discapacidad visual o auditiva, así como estrategias pedagógicas que reconozcan las distintas formas de aprendizaje.

La ley 21094, Sobre universidades del Estado (2018) establece la no discriminación y la equidad de género como principios que deben regir el ejercicio de las universidades del Estado. En términos de docencia, deberán favorecer la capacidad de análisis crítico y valores éticos, fomentar “la comprensión empírica de la realidad chilena, sus carencias y necesidades, buscando estimular un compromiso con el país y su desarrollo” (Art. 6).

Por otro lado, la discriminación y los prejuicios continúan presentes en las aulas, donde el respeto y la empatía deben ser valores fundamentales en estas convivencias universitaria. La promoción de espacios seguros y de diálogo es clave para que todos los estudiantes se sientan valorados y puedan expresarse sin temor.

La universidad no solo debe ser un reflejo de la diversidad social, sino también un motor de cambio para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Esto requiere un esfuerzo conjunto entre autoridades, docentes y estudiantes para fomentar la inclusión no como una política aislada, sino como un principio fundamental de la educación.

Enfrentar la vida universitaria en un contexto de inclusión no solo beneficia a quienes tradicionalmente han sido excluidos, sino que enriquece a toda la comunidad académica, favoreciendo ambientes donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente. La diversidad de experiencias, perspectivas y conocimientos es lo que realmente fortalece la educación y permite construir sociedades más equitativas y democráticas.

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