Augusto Leiva Garcinuño
Ingeniero Comercial
Master en Administración Pública


A cinco años de la revolución de Octubre en Chile, es innegable que el legado de violencia y polarización sigue latente. En un país donde la convivencia se ha visto fracturada, resulta fundamental reflexionar sobre el papel que han jugado ciertos sectores de la izquierda y sus aliados mediáticos en la deslegitimación de la institucionalidad. La revuelta de octubre, impulsada por un descontento social legítimo, se convirtió rápidamente en un escenario donde la violencia se normalizó y fue, de alguna manera, alimentada por figuras públicas y opinólogos que fomentaron el odio hacia la autoridad.
La narrativa de que todo vale en la búsqueda de justicia ha encontrado eco en los medios de comunicación, donde animadores y periodistas, en un afán por ganar ratings o influir en la opinión pública, han dejado de lado el respeto por las instituciones. Este tipo de discurso no solo erosiona la confianza en la democracia, sino que también criminaliza a quienes, como los Carabineros, intentan mantener el orden y proteger a la ciudadanía. Muchos de estos funcionarios, militares y marinos, que actuaron en cumplimiento de la ley, se encuentran tras las rejas, víctimas de un sistema que ha preferido sacrificar la verdad en pos de una agenda ideológica que condena cualquier forma de autoridad.
La legitimación de la violencia como forma de protesta ha generado consecuencias devastadoras. Lo que comenzó como un clamor por justicia social se transformó en actos de vandalismo y destrucción que dejaron cicatrices profundas en la sociedad chilena. Hoy, la polarización sigue creciendo, con encuestas que revelan un descontento y una falta de acuerdo que son cada vez más evidentes. Mientras tanto, la falta de liderazgo y la inacción del gobierno solo perpetúan este ciclo de crisis y desconfianza.
Los rostros de la televisión que, en su momento, respaldaron estas manifestaciones y las validaron como un “movimiento legítimo”, hoy deben asumir la responsabilidad de las consecuencias que sus palabras han tenido en la sociedad. El conflicto no se resolverá con discursos que dividen y polarizan; necesitamos un llamado al entendimiento y el respeto a la autoridad, a la vez que exigimos justicia social.
En este contexto, resulta crucial cuestionar la narrativa que se ha impuesto: ¿realmente hemos logrado avanzar en la construcción de un Chile más justo y equitativo, o simplemente hemos cambiado el rostro del descontento? Las cifras de pobreza y la inseguridad no hacen más que reflejar una realidad que ha sido ignorada por aquellos que eligen ver el pasado como el único culpable de nuestros problemas.
El verdadero desafío radica en reconocer la violencia como un fenómeno que nos afecta a todos, sin importar nuestras inclinaciones políticas. Si no enfrentamos esta realidad con sinceridad, corremos el riesgo de seguir perpetuando un ciclo de odio y resentimiento. La reconstrucción de nuestra convivencia depende de un compromiso colectivo que respete tanto la autoridad como la búsqueda de un cambio genuino. Solo así podremos empezar a sanar las heridas de un pasado reciente y forjar un futuro donde la democracia y el respeto por la ley sean valores irrenunciables.