(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)

Hablar de esclavitud en un país como Brasil tiene otro perfil que hacerlo por ejemplo en Chile.
En el caso chileno, pienso que no muchos saben que somos el primer país de Hispanoamérica en abolir la esclavitud, lo que ocurrió primero en 1811 con la libertad de vientre donde los hijos de esclavos nacían libres y posteriormente con la Constitución de 1823 que acabó definitivamente con ella.
El caso brasileño es diametralmente opuesto, pues siendo el país que más africanos habían “importado”, se resistieron tanto cuanto pudieron y sólo fue hasta 1888 cuando la Princesa Isabel aprovechando un viaje de su padre el Emperador Pedro II a Portugal, promulgó la llamada Ley Aurea poniendo fin al drama de la esclavitud. Isabel es considerada hasta hoy una verdadera santa para los afro-brasileños.
¿Por qué traigo toda esta información a la palestra en este comentario?
El motivo es una noticia que conmocionó a la opinión pública brasileña hace unos pocos días y que fue catalogada como actos de esclavitud.
Una denuncia anónima alertó a la policía de la ciudad de Bento Gonçalves localizada en el Estado de Rio Grande do Sul, que en un cierto lugar vivían hacinados y en condiciones de esclavitud unos trabajadores de las tres mayores vinícolas de esa ciudad, por cierto, la más importante región vinífera a nivel nacional.
La policía se apersonó en el lugar y lo que ahí encontraron, ampliamente difundido por los medios de comunicación y redes sociales, fueron pabellones conteniendo dormitorios, baños y cocinas en condiciones de salubridad deplorables.
Según trascendió ahí vivían aproximadamente 200 personas, todos llevados desde el Nordeste brasileño que es la región más pobre del país a trabajar en labores de cosechas de uvas, como ya se señaló, en las tres mayores viñas de Bento Gonçalves, las famosas viníferas Aurora, Garibaldi y Salton.
Según los testimonios de estos trabajadores eran reclutados en sus ciudades de origen, como ya dije la región más pobre de Brasil, para trasladarse al rico sur brasileño donde obtendrían un salario impensado para ellos de tres mil reales, aproximadamente quinientos mil pesos chilenos, más hospedaje y alimentación.
Al llegar a su destino este trato era radicalmente desconocido, pues nunca recibían sus salarios completos, eran obligados a permanecer en sobre poblados hospedajes, faltos de higiene y donde no recibían alimentación, sino que los productos eran “fiados” desde verdaderas pulperías y a precios usureros para que ellos mismos se preparasen sus refecciones.
Por si no fuese esto suficiente cuando alguien reclamaba eran amenazados con ser puestos en la calle, sin pago y muchas veces cuando la situación se tornaba violenta eran agredidos con bastones de electrochoques y también con gas pimienta.
Avanzada la investigación se pudo constatar que estos trabajadores laboraban bajo mecanismos de subcontratación, siendo su empleador una empresa que mantenía vínculos contractuales con las afamadas vinícolas.
Evidentemente esta noticia causó revuelo nacional y la presión de la exposición pública llevó a sendas declaraciones de falta de responsabilidad sobre lo sucedido por parte de cada una de estas viníferas, aduciendo que cancelaban casi siete mil reales por cada uno de estos trabajadores.
Ahí el debate público se abrió y como acostumbra a suceder en estos casos una parte de la opinión pública cargó las culpas contra las viñas pues en Brasil al igual que en Chile las leyes laborales en materia de subcontratos obligan a quien recibe la mano de obra a mantener un control permanente sobre las condiciones de sus trabajadores.
De forma evidente esto no ocurría en este caso.
El dueño de la empresa de subcontratación fue detenido, pero no llegó a pasar ni un día tras las rejas dado que el juez fijó una fianza de cuarenta mil reales (menos de siete millones de pesos), cifra realmente baja considerando que este hombre recibía mensualmente casi un millón y medio de reales por parte de las viñas contratantes.
No puedo dejar de pensar cómo estará esta situación en Chile y aun cuando sé que las leyes laborales nos hablan de responsabilidades solidarias y estrictas normas de control tanto por parte de las contratantes como de las autoridades fiscalizadoras, dudo que con tanto emigrante no haya situaciones de abuso.
Ojalá que esté muy equivocado.