• Si bien el proyecto de Ley Integral de Salud Mental es un avance importante, la directora del Centro de Psicología Aplicada de la UTalca, Nadia Ramos indicó que, “se vuelve urgente abordar los problemas que tenemos hoy en este ámbito”.

La salud mental es una temática que durante estos últimos años ha ido tomando gran importancia en las políticas públicas, un proceso que cumplió un hito con la firma del proyecto de Ley Integral de Salud Mental enviado por el Ejecutivo al Congreso para su aprobación y que busca mejorar la calidad y la oportunidad de la atención en la Red de Salud, promover la inclusión social y abordar las necesidades de las personas con enfermedades y padecimientos mentales, entre otros aspectos.
La directora del Centro de Psicología Aplicada de la UTalca (CEPA), Nadia Ramos, analizó el proyecto, valorando su firma, ya que “pone los acentos en el ámbito de la promoción y protección, no sólo de la salud mental sino del bienestar de todas las personas”.
La especialista destacó que en el documento se “recalca que este cuidado debe ser durante todo el ciclo de vida, en un contexto de respeto por los derechos de las personas. Para ello se declara que, deben estar involucrados diferentes ministerios, lo que da cuenta de que la salud posee determinantes sociales y que requiere de una articulación que va más allá de solo entregar prestaciones de salud”.
Sin embargo, la directora del CEPA se mostró preocupada por los tiempos que se requieren para la implementación de este proyecto y que van de la mano de importantes recursos para poner en marcha las iniciativas propuestas. “Estamos lejos de que se cumpla el compromiso del Gobierno de aumentar el presupuesto en salud mental del 2% al 6% del PIB, como lo indican los organismos internacionales", precisó.
“Me parece importante que se ponga foco en la promoción y prevención, pero hay tareas pendientes. Por ejemplo, en la Ley 21.331 ‘Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental’ establece en su artículo E, la equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física; y esto aún no está en marcha”, detalló la académica utalina.
Junto con esto, Ramos puntualizó que, “las ISAPRES siguen haciendo diferencias en las prestaciones, y, lo que es peor, rechazan las licencias médicas por salud mental con peritos no especializados, lo que no hace más que agudizar los problemas de una persona que ya está vulnerable y enferma, porque además de hacer esfuerzos por salir adelante con su patología, debe probarle a otra persona, que no conoce y que no sabe de su historia, que no se siente bien”.