Dos son los proyectos que analiza la Comisión de Desarrollo Social relacionados a dar protección a funcionarios públicos agredidos. Ambas iniciativas modifican el Código Penal y el Código de Procesal Penal.
La primera moción resguarda la figura del denunciante que pone en conocimiento de órganos persecutores, hechos que pueden revestir el carácter de delito. Por lo anterior, es susceptible de posibles repercusiones de parte de los denunciados u otras personas.
En tanto, la segunda propuesta tiene como fin entregar protección a funcionarios y funcionarias tanto del área judicial, así como también de salud, educación y cualquier otro servicio, que enfrente agresiones por parte de usuarios o personas externas, en el marco del ejercicio de sus funciones.
Lo anterior, respecto de quienes han denunciado hechos constitutivos de delitos o prestado su visión técnica en juicios, en lo que respecta a su rol de consejeros técnicos que son auxiliares de la administración de justicia, con informes técnicos pese a no ser peritos. Ello ya sea en casos de pensión de alimentos, cuidado personal del menor, medidas de protección o violencia intrafamiliar.
Esto también ocurre con funcionarios de la salud y educación, quienes tienen la obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos o vulneración de niños, niñas y adolescentes.
Ambos textos establecen una agravante en el Código Penal para los agresores de los funcionarios públicos y privados, y de sus familiares.