Actualmente la extracción de áridos está normada por ordenanzas municipales y la ley de bases generales del medio ambiente, lo que a juicio de los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Senado no aborda de manera integral la forma en que opera esta actividad.


En lo fundamental, las iniciativas buscan establecer un marco normativo general sobre la extracción y procesamiento de áridos, establecer las restricciones y prohibiciones así como la fiscalización y los planes de cierre.

Asimismo, apunta a regular la forma en que se extraen los áridos en los cauces naturales, pues tal como manifestaron diversos invitados a la Comisión, la extracción desregulada en dichos lugares genera un fuerte impacto ambiental e incluso graves daños debido a la erosión del terreno, los que se ven acrecentados en época de crecidas o aumento del caudal.

La iniciativa establece una serie de definiciones para precisar lo que se entenderá por áridos, cauces naturales, titulares de un proyecto de extracción, zonas de regulación anexa de un cauce natural, plan de cierre y dispone la creación de un catastro de áridos a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas.

Otro de los aspectos que se regula es la trazabilidad de los áridos, de modo tal que se asegure que el material proviene de una fuente de abastecimiento autorizada al momento de su comercialización.

Si bien el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto en las que recoge varias sugerencias hechas por los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, durante la última sesión dedicada a analizar este tema, la instancia le manifestó a los representantes del Ministerio de Obras Públicas los aspectos que deben contenerse en el futuro texto legal, sobre todo lo relativo a considerar aspectos medioambientales, entre otros.