Regular de manera eficiente y efectiva la actividad de la extracción de áridos, estableciendo procedimientos, zonas de prohibición, condiciones, fiscalización y sanciones, es el objetivo central de una moción que regula esa actividad y que fue aprobada en general y en particular por la Comisión de Obras Públicas del Senado.

Se trata de un proyecto originado en una moción a la cual se le presentaron indicaciones consensuadas en una mesa técnica conformada por representantes de los senadores y del Ejecutivo.

Tras un extenso trabajo al cual se le destinaron casi una treintena de sesiones, la iniciativa fue despachada desde la instancia de Obras Públicas y ahora debe ser estudiada por la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.

En lo fundamental, el proyecto uniforma la regulación de la extracción de áridos que hoy está entregada a distintas ordenanzas a nivel municipal y por lo tanto, cada una tiene sus propias reglas.
Para ello, se regula la extracción de áridos, se establecen una serie de conceptos y permisos, se considera un certificado de origen, zonas de prohibición y condiciones, así como la fiscalización y plan de cierre en los lugares que sean determinados por la autoridad competente.

Además de las medidas de fiscalización, se pone énfasis en la trazabilidad, es decir, saber de dónde sale el árido y hasta donde llega.