Con el objetivo de optimizar los procedimientos de expulsión de extranjeros con órdenes vigentes, el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, encabezó la firma de un nuevo protocolo interinstitucional que fortalece la coordinación entre Migraciones, Gendarmería y la Policía de Investigaciones.
Este protocolo responde a un aumento en los decretos de expulsión administrativa vigentes, que pasaron de 24.000 en 2022 a 30.000 en 2024. Según datos entregados durante la jornada, este año se concretaron 662 expulsiones administrativas, la cifra más alta en los últimos seis años. Sin embargo, la ley 21.325 de Extranjería y Migración, que regula este proceso, no establece mecanismos concretos ni coordina las acciones necesarias entre las instituciones, lo que hacía urgente implementar medidas que aseguren su correcta ejecución.