Se trata de una medida administrativa que permitirá a más de 13 mil hogares bajar de tramo en la Calificación Socioeconómica. Esta corrección posibilitará a quienes bajen a los tramos de mayor vulnerabilidad, acceder a beneficios del Estado.
En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció que, para fines de este año, las pensiones de reparación de personas que son parte de los informes Rettig y Valech, y exonerados y exoneradas políticas, no serán consideradas como ingresos en el cálculo de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).
Se trata de una importante corrección administrativa que beneficiará directamente a 13.427 hogares (23.180 personas), que bajarán de tramo en su Calificación Socioeconómica, y que fue informada hoy a representantes de agrupaciones y beneficiarios de pensiones de reparación en el Palacio de La Moneda. Esto permitirá a quienes bajen a los tramos de mayor vulnerabilidad acceder a beneficios del Estado.
El Gobierno determinó realizar esta corrección atendiendo a que la naturaleza de las pensiones de reparación es distinta al no encontrarse asociadas al ingreso proveniente del mercado laboral, sino que representan actos de desagravio a familias y personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “como Estado y autoridades tenemos el deber de ir siempre más allá, sobre todo cuando se trata de la defensa de los Derechos Humanos, y hacernos cargo también de cuando es necesario corregir políticas públicas que ayudarán a hacer justicia. Nos parece que es de toda justicia que finalmente estas pensiones de reparación no terminen implicando una exclusión o limitación de acceso a distintos beneficios del Estado, distintos elementos de la protección social”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, detalló que “esta instancia ha permitido hablar de los otros aspectos que son relevantes, entre otros, aquellos que tienen que ver con la corrección legal de esas incompatibilidades, los déficits que tenemos en el programa PRICE, que también ha sido una preocupación relevante del Ejecutivo y de los otros aspectos asociados a la Agenda de Derechos Humanos en el caso de las personas que son sobrevivientes de tortura y prisión política”.