Carlos Cruz
Director ejecutivo
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

En Chile, la realidad del cambio climático se manifiesta de manera contundente y diversa. La concentración de lluvias con los consiguientes riesgos urbanos y la persistente sequía en regiones clave como Coquimbo y El Maule, generan impactos evidentes y consecuencias sociales y económicas profundas, afectando a sectores como la minería, la agricultura y la industria forestal. Además, el país enfrenta una mayor frecuencia de incendios, exacerbados por las condiciones climáticas extremas.
En respuesta a esta crisis, nuestro país se ha llevado adelante acciones ejemplares. La política de descarbonización hacia la carbono neutralidad al año 2050 no solo busca mitigar el calentamiento global, sino también establecer un precedente en foros internacionales. Este compromiso implica transiciones significativas hacia energías limpias y sostenibles, con impactos positivos en la conservación de la naturaleza y la estabilización del clima regional.
La descarbonización se traduce en la sustitución de fuentes contaminantes por energías renovables no convencionales. Chile, con sus vastos recursos naturales, está bien posicionado para expandir la energía solar en el norte y eólica a lo largo del territorio nacional. De hecho, más del 50% de la matriz energética actual proviene de fuentes renovables, un logro significativo que contribuye a reducir la velocidad del calentamiento global.
Sin embargo, surgen desafíos. La sobreproducción de energía renovable ha llevado a situaciones paradójicas donde se desperdicia energía porque no hay suficientes líneas de transmisión para distribuirla eficazmente. La resistencia local a la instalación de estas líneas, debido a preocupaciones ambientales sobre los impactos en la flora y fauna, obstaculiza aún más la expansión de infraestructuras clave. Por restricciones ambientales autoimpuestas y de corto alcance nos vemos limitados como país a avanzar en la descarbonización y a contribuir en forma significativa con los compromisos que hemos asumido.
Esta situación refleja un conflicto entre micro impactos ambientales locales y macro beneficios globales de la descarbonización. La electrificación de sectores clave como el transporte y la calefacción depende crucialmente de acceso estable a energías limpias. La necesidad de equilibrar la protección ambiental con el avance hacia una economía baja en carbono se convierte así en un objetivo central para el desarrollo sostenible del país.
De esta manera, vemos que enfrentar el cambio climático en Chile no solo requiere estrategias tecnológicas y políticas ambiciosas a nivel sectorial, sino que también un compromiso con la protección ambiental integral.
La transición hacia un futuro energético sostenible debe gestionarse cuidadosamente para maximizar los beneficios ambientales netos. Ello también supone que se puedan concretar inversiones estratégicas en este ámbito con el fin de cumplir las metas que nos hemos trazado para luchar contra la crisis climática.