La Cámara de Diputados acordó solicitar al Presidente de la República crear una instancia de coordinación y trabajo prelegislativo para modificar la Ley 20.845, de inclusión escolar. Esto, en atención a las dificultades que enfrentan los colegios particulares subvencionados para cumplir con la normativa.
Los autores de la solicitud manifestaron que la experiencia de más de 7 años, desde que la ley entró en vigencia, hace necesario realizar algunos ajustes, materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En los fundamentos, se recuerda que el 30 de junio de 2027 vence el plazo para que los colegios particulares subvencionados organizados como personas sin fines de lucro, adquieran la propiedad de los inmuebles donde funcionan para poder seguir recibiendo subvención estatal.
No obstante, a 2022, sólo 168 colegios particulares subvencionados del país, es decir, el 2,8% de los establecimientos, han solicitado a la Corfo que garantice la adquisición de la infraestructura respectiva.
Además, explican que esto se debe a que sólo dos instituciones bancarias han mostrado interés en otorgarles financiamiento y que el método de tasación castiga al sostenedor que invirtió en infraestructura.