Avanzar en un mayor nivel de probidad en el servicio público. Esa es la finalidad de un proyecto aprobado en general por la Comisión de Constitución, por 12 votos a favor y uno en contra.
El proyecto en cuestión modifica la Carta Fundamental para establecer inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad.
La norma define que estarán inhabilitados para desempeñar un cargo o función pública, aquellos que hubiesen sido condenados por sentencia firme respecto de delitos contra la probidad.
Adicionalmente, establece que cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada. No obstará a estas sanciones el que el cargo sea de elección popular.
En el debate, las y los legisladores se mostraron transversalmente disponibles para legislar sobre la materia. Se estimó necesario dar señales de rigurosidad ante la ciudadanía, de que no se tolerarán conductas contrarias a la probidad pública.
Entre las propuestas se planteó la posibilidad de cambiar la norma de ubicación en la Constitución a otro título y hacer afecta la inhabilidad para la postulación a cargos públicos. También hacer un listado de qué delitos estarían incorporados y cuánto tiempo duraría la inhabilidad.