Marcelo Cevas Fuentes
Vicerrector de sede Talca
Universidad Autónoma de Chile



Este 17 de diciembre se realizará el plebiscito de salida del proyecto de texto constitucional elaborado por el Consejo Constitucional y, en esta ocasión, la segunda en dos años, se elegirá entre las opciones: “A favor” y “En contra”. Pero ¿con base en qué argumentos se escoge entre una u otra alternativa? Si bien es poco probable que las personas se tomen el tiempo de leer la Constitución de su país, en esta oportunidad es necesario conocer y razonar sobre el proyecto de nueva Carta Magna para Chile.
Desde el punto de vista formal, este ha sido un proceso ordenado y transparente, a diferencia de la anterior dinámica de Convención Constitucional. Es imposible cuestionar que el actual es un proceso legítimo y democrático, independientemente del contenido y las preferencias ideológicas. Por tanto, el requisito se cumple.
La propuesta de Constitución no es muy diferente del anteproyecto entregado por la Comisión de Expertos, que de hecho sirvió como insumo. Sin embargo, al tener la Derecha el control del Consejo Constitucional, dada su representación en el órgano, se aprecian disposiciones que plasman ideas específicas frente a temas de complejo debate.
La Constitución actual dice que la ley asegura la vida “del que está por nacer” y la propuesta de texto refiere que la ley asegurará la vida de “quien está por nacer”, cambio de redacción que cerraría la puerta a una futura ley sobre aborto libre y que, dicen sus detractores, podría eventualmente poner en riesgo la actual ley que posibilita la interrupción del embarazo en tres causales, aunque ello sería materia de interpretación de los tribunales de justicia.
Otro tema de discusión es la manera cómo se plantea un Estado Social y Democrático de Derechos, idea a partir de la cual se originó la “necesidad” de una nueva Constitución. Si bien el concepto está planteado en el proyecto, los simpatizantes del voto “En contra” apuntan que se trata de un enunciado que luego, en la práctica, se verá impedido, puesto que en el texto se consagra la posibilidad de que prestadores de servicios privados otorguen la contraprestación. Pero ¿acaso en la actualidad es distinto? Lo que está en cuestión es el grado de intervención que debe tener el Estado en estas materias.
Al establecer la Constitución un modelo, lo allí planteado debe cumplirse, de manera que las leyes que deriven de contenidos como los antes mencionados no podrán establecer lo contrario, aunque sí regular las materias.
En cuanto a posibles futuras reformas a la Constitución, el proyecto aumenta la exigencia de quórums y retoma el esquema de dos tercios, lo que disminuiría la posibilidad de alteración del texto Constitucional. Bajo esta lógica, mantener la Carta Magna vigente significa preservar la opción de hacer cambios en el texto, a pesar de que grupos políticos de la izquierda se han comprometido verbalmente a no plantear en lo próximo un nuevo proceso constitucional.
Si bien la norma dice que se gana con la mitad más uno de los votos, hay que tener en cuenta que una Constitución es la casa común de todos. Por lo que, ganar por un voto, podría ser insuficiente políticamente.
El voto informado es fundamental. Más que votar “A favor”, para dar cierre al debate constitucional de los últimos años, o “En contra”, porque ante lo desconocido (el nuevo texto constitucional), resulta válido mantenerse con la misma Constitución, el llamado es a informarse y elegir conscientemente y con una mirada de futuro.